Todo empezó cuando hace algunos años vi en Berlín los grandes carteles que en el metro iban llamando la atención de los ciudadanos alemanes acerca de los que llamaban “Campeones de la Sostenibilidad” basándose en sus bajas emisiones de CO2. Estos “campeones” que jalonaban los andenes no eran otra cosa que un catálogo de las centrales nucleares alemanas, algo que me hizo pensar si no habría gato encerrado en tanta pasión ambiental por gentes tan sospechosas. Desde entonces pongo en cuarentena todo lo que tenga que ver con “sostenibilidad”.
Luego vino la Expo de Zaragoza y su “Agua y Desarrollo Sostenible” que culminó con una vergonzosa “Carta del Agua” que exigía el pago completo de los costes del agua, algo que consideré y sigo considerando monstruoso en la mayor parte de la Tierra.
Todo empezó cuando hace algunos años vi en Berlín los grandes carteles que en el metro iban llamando la atención de los ciudadanos alemanes acerca de los que llamaban “Campeones de la Sostenibilidad” basándose en sus bajas emisiones de CO2. Estos “campeones” que jalonaban los andenes no eran otra cosa que un catálogo de las centrales nucleares alemanas, algo que me hizo pensar si no habría gato encerrado en tanta pasión ambiental por gentes tan sospechosas. Desde entonces pongo en cuarentena todo lo que tenga que ver con “sostenibilidad”.
Luego vino la Expo de Zaragoza y su “Agua y Desarrollo Sostenible” que culminó con una vergonzosa “Carta del Agua” que exigía el pago completo de los costes del agua, algo que consideré y sigo considerando monstruoso en la mayor parte de la Tierra.
Por supuesto que buscar la sostenibilidad está fuera de toda duda, pero llamar sostenibilidad a la caza de impuestos es otra cosa, y creo que los que conocemos un poco este mundo del debemos alertar de lo que puede haber bajo las aparentes buenas intenciones de los responsables políticos que ponen precio al agua.
El ejemplo de Dinamarca me parece perfecto para ilustrar las excusas que pueden ponerse para encarecer el precio del agua. Y es que en la península danesa por cada metro cúbico de agua elevado con destino al consumo humano, el estado danés cobra un Dólar, con lo cual se pagan unos 4 dólares (de los que 1,20 son costes ambientales) por cada metro cúbico de agua. Si no tenemos en cuenta que un impuesto ambiental sobre el agua en Dinamarca es simplemente un impuesto -y no una actividad ambiental- y tratamos de trasponerlo a cualquier otro país, la distorsión está asegurada. Comparado con latitudes más al sur o más secas, sería como poner un impuesto a las calles que ponen toldos para protegerse del sol, un bien tan preciado en Dinamarca, como el agua en buena parte de las tierras más secas.
Por lo tanto, hay mirar muy bien lo que está pasando con los impuestos ambientales de los estados y el empeño de un heterogéneo grupo formado por algunos políticos y técnicos que junto a multinacionales del agua y un coro de ecologistas que no se entiende muy bien cual es el fin social que pretenden con ese sospechoso empeño por cargar al recibo del agua un sobrecoste por sostenibilidad y el riguroso pago de los costes directos, indirectos y ambientales de los abastecimientos de agua.
Este empeño por multiplicar el precio del agua alegando argumentos medioambientales resulta extremadamente sospechoso. En primer lugar porque este constante machacarnos para que aceptemos sumisamente que debemos pagar más por el agua, incluso cuando no lleguemos a los 100 litros por persona y día, una cifra razonable que ahora se cuestiona por todos.
Y es que no me cabe la menor duda de que este sobreprecio que se nos demanda que aceptemos, finalmente acabará en las cuentas de las empresas distribuidoras. Un precio que comienzan pagando sin problema las economías poderosas, pero al final acaba gravando a los pobres, que al final -como en las novelas de HG Wells- deberán pagar hasta por respirar aire limpio o de lo contrario vivir en las zonas más sucias del planeta.
Ni el aire de Brasil es comparable al danés o al neoyorquino, ni el agua de Murcia a la de Copenhague, o la de Madrid a la de Ginebra. Por ello no entiendo el empeño en que todos deban pagar lo mismo. Si en este ejemplo ponemos ciudades de otro nivel económico como Buenos Aires, Calcuta o La Paz, la distorsión se hace disparatada.
No entiendo que en nombre de la sostenibilidad se comience hablando con total naturalidad de repercutir los costes reales del agua sobre los ciudadanos sin que automáticamente se abra la veda a la enseñanza o la sanidad. ¿Puede alguien explicarme que siendo esencial para la higiene y la salud -por lo tanto para la vida- debamos pagar el coste real sin excepciones, en tanto que asuntos menos importantes como la cultura o la enseñanza están subvencionados? Incluso la atención médica es menos importante que el agua.
Comenzaremos pagando el valor real del agua y seguiremos con la enseñanza y la sanidad en aras de este neoliberalismo ecológico que tanto beneficia a los de siempre.
La sanidad tiene unos brutales costes difusos, indirectos y medioambientales, pero en muchos países es universal y gratuita, por lo tanto ¿Qué debemos hacer con ella? Facturar a todos los costes directos (médicos, medicinas, sanitarios…) más los indirectos derivados de los residuos sanitarios, transporte, energía etc. ¿Facturamos a todos, o solamente a los ricos? Los mismos argumentos que usamos para el agua podemos emplearlos también para la educación, porque los costes no se cubren ni de lejos con la matrícula, y los costes difusos e indirectos son tremendos. Por lo tanto habremos de convenir que sería más sostenible que se estudie en casa, que se pague el 100% de los costes en educación, o que solamente lo hagan los más pudientes, al igual que los no aprobados o quienes no saquen una nota alta.
Podría seguir preguntando por qué debemos pagar un impuesto ambiental por el agua mientras no existe otro que grave fuertemente las afecciones al paisaje de aerogeneradores, autopistas, líneas de ferrocarril, urbanizaciones… o que sigamos sin poner un impuesto a las superficies asfaltadas o impermeables que en caso de fuertes lluvias derivan el agua directamente a los ríos junto con las fecales que no pueden canalizar los desagües.
Todos sabemos perfectamente que los políticos o periodistas tienden con extrema facilidad a coger el rábano por las hojas y dogmatizar, por lo que pronto podemos encontrarnos con la justificación de que si pagamos el total de costes por un bien imprescindible como el agua, cómo no vamos a pagarlos por la sanidad o la educación. Con los argumentos que hemos dado los especialistas con toda nuestra buena fe, se arman de razón los especuladores y mercaderes del agua, mientras los demás no pensamos que los contadores de agua miden metros cúbicos, no rentas per cápita.
Y es que el agua no es solamente agua. Subamos su precio hasta la recuperación de costes (incluyendo los indirectos y ambientales) y lo pagaremos en costes sociales multiplicado varias veces. Tanto por el abandono de la actividad agraria o industrial, como por el empobrecimiento de las familias. No estoy en desacuerdo a que pague quien consume o contamina, pero la universalidad de cualquier norma, como esta de la recuperación de costes en el agua, puede suponer la mayor injusticia y agravio para muchos, y más cuando los contaminadores tienen nombre y apellidos. Los ríos nacen limpios y los acuíferos deberían ser impolutos, por lo que y si hacen falta tratamientos caros y complejos es porque alguien la ha desvirtuado. Son ellos quienes deben correr con los gastos no quienes nos limitamos a beber.
La aplicación de la recuperación de costes tiene un coste social y económico directo e indirecto evidente, como es -por ejemplo- la desaparición de la rentabilidad agraria en amplios territorios. Con ella la despoblación, la pérdida de servicios, tejido social y todo lo que conlleva. Se destruyó todo eso en unas zonas al hacer los embalses y ahora se pretende compensar haciendo lo mismo en las poblaciones que se beneficiaron de ellos, pero multiplicado por mucho.
Luego, debemos definir el mínimo vital que los suministradores deben poner en cada casa a un precio político, porque no en vano es el suministro más importante de un hogar. Y luego (quizá a partir de los 100 litros por persona y día) poner las tarifas progresivas que se estimen convenientes en función del coste.
El abastecimiento de agua es un derecho humano y no una fuente de negocio o financiación para los ayuntamientos. Tampoco debe ser la moneda de cambio para devolver el favor de aguantar los impagos a las grandes constructoras, ni mucho menos el método para dar rentabilidad a inversiones mal planificadas en gestión privada de depuradoras mediante el canon de vertido.
El agua es un bien de primera necesidad, más que la alimentación y todo lo demás, por ello los ciudadanos no podemos ser rehenes de un precio que puede ser tan aleatorio como el del agua embotellada, y dependerá de las necesidades de financiación de un ayuntamiento, de su capacidad de gestión o de la codicia de entes públicos y privados.
Aún en el supuesto de que deseemos hacerlo bien, no somos los ciudadanos los que debamos pagar el precio justo del agua en exclusiva. En ese caso debemos entrar a valorar el coste de quien altera su calidad. Por ello, las empresas de abastecimiento públicas o privadas deberían depurar hasta la última gota, los propietarios deberían pagar por toda el agua que meten en la red de alcantarillado (pluviales incluidas), habría que fijar un impuesto sobre los abonos, los purines, las gasolinas y lubricantes junto con todos los parámetros que condicionan la calidad del agua en todo momento y lugar. Por supuesto que empleando criterios diferenciales según el tipo de efluentes que metan en la red de saneamiento y todo ello después de un draconiano plan de protección de aguas como el que tienen en Alemania.
Tras complicadas sumas y restas de todos los parámetros anteriores, obtendríamos el precio real del agua, pero quizá entonces nos encontremos con que no sirve de nada y hay que poner un precio político como se hace ahora, porque amplios sectores sociales y productivos no podrían pagarla.
Finalmente, creo que -como en casi todo- es la sensatez y la ponderación donde debemos basarnos para poner precio al agua. Dogmas como la recuperación de costes son tan razonables en unos casos como injustos en muchos otros, y sin negar que es una meta razonable, las generalizaciones basadas en lecturas parciales y muy a menudo interesadas de la DMA, aportan más de negativo que de positivo en este asunto, dadas las circunstancias sociales y económicas en que nos encontramos.
Carlos Blázquez
Escritor y miembro de WASA-GN
Editoriales -Anteriores:
1º Sobre mitos y realidades
2º Crisis del Agua
3º El Agua como Argumento Educativo
4º Reflexiones del Agua
5° Agua como derecho humano
6° Nuevo Consenso: por un mundo habitable para todos
7° Día Mundial del Patrimonio Hidráulico